Pensión alimenticia para menores
El número de mujeres solas que proveen alimentos a sus menores va en aumento, son ellas las que educan y son fuente de ingresos para la familia, aventurarse en un juicio de pensión alimenticia resulta frustrante y tardado en el mejor de los casos. Según el INEGI en el 2018, 33 de cada 100 mujeres de 15 a 54 años no unidas, con al menos un hijo nacido vivo, no cuentan con el apoyo del padre.
La justicia es gratuita pero no así los servicios de los despachos jurídicos, ante ello, resulta imposible costear los gastos de un juicio de este tipo donde desesperadamente la madre busca justicia ante el incumplimiento del deudor alimentario. Como abogado he visto el tortuoso camino para lograr la pensión alimenticia cuando el deudor utiliza una y otra artimaña para evadir la responsabilidad legal y moral. Aunque con las reformas del 2014 y 2016 al Código de Procedimientos Civiles del Estado se buscaba reducir los tiempos, esto sigue siendo insuficiente ante el apremio de la madre por cubrir los gastos del hogar.
Recordemos que los alimentos no solo es la comida, sino que comprenden los gastos para la educación de preescolar, primaria, secundaria y media superior, las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento.
Aunque México es parte de la Convención Sobre los Derechos del Niño de la ONU, no se han armonizado las legislaciones locales para que los tribunales y las autoridades administrativas consideren primordial que se atienda de verdad el interés superior del niño. Ante la actual pandemia el sistema judicial cerró parcialmente dejando a miles de madres con sus juicios suspendidos y con ello agravar la de por si precaria situación económica.
Por consiguiente una de mis propuestas es presentar iniciativa en el congreso local para reformar el Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado, que reduzca el tiempo de los juicios de alimentos a 30 días naturales, dar certeza de alimentos a los que mañana serán los que construyan nuestra sociedad es una obligación del legislativo, no basta con declaraciones debemos generar acciones reales que beneficien a nuestros adultos del futuro.
Para ello propongo realizar una reingenieria de las etapas procesales, siempre respetando los derechos humanos de las partes, donde el resultado sea la reforma que garantice una pensión digna y justa, por sentio común entediendo y me sesibilizo con una mujer que demanda alimentos para sus menores, ella a menudo no cuenta con los recursos económicos para solventar honorarios de un abogado, por lo anteterior propongo se amplíe la figura del servicio social obligatorio de los estudiantes de derecho de todas las Universidades a prestar servicio en esta materia en el área jurídica del DIF.
Paralelemente propongo crear el programa Abogado Voluntario donde se incentive la solidaridad a cambio de beneficios como la educación continua de éstos en universidades con convenio gubernamentales.
Las necesidades son muchas, debemos crear rutas pragmáticas que garanticen el derecho humano de los niños a una vida digna, garantizar la estabilidad emocional y económica de la madre ante el abandono del estado es una asignatura pendiente que vamos atacar desde el congreso.
Sobre el autor: Arquímides Flores es candidato de Futuro a Diputado Local por el Distrito 20 que comprende los municipios de El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo, Acatic y parte de Tonalá.
