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El agua, política de privilegios

El agua, política de privilegios

El Salto presume ser ciudad industrial y los números lo demuestran ya que alberga un corredor relevante en su territorio, dos cosas entre muchas, que son el atractivo ahí son el agua y mano de obra barata abundante.

En el distrito 20 en parte, se encuentra sobre el acuífero de Toluquilla cubriendo este una superficie aproximada de 632 km2, abarca todo el territorio de El Salto y parcialmente Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Juanacatlán.

La mayor parte de agua que se extrae es utilizada por las industrias dejando en segundo lugar a los pobladores quienes en repetidas ocasiones tienen que comprar agua a privados, mercantilizando así el derecho humano negado, al agua que por mandato constitucional debería ser suficiente, asequible y salubre.

Se ha privilegiado la actividad industrial con agua de calidad quién tiene la concesión del 75% de lo que se sustrae dejando a los pobladores solo el 25%, el acuífero esta sobreexplotado hasta por 72 millones de metros cúbicos según documentos oficiales de la CONAGUA. El agua utilizada por la industria carece de regulación adecuada al ser descargada y parte de ella es vendida por aquel organismo para riego de cultivos y hasta para consumo humano. 

La Justicia social debe ser uno de los principios que busque garantizar y ampliar los derechos humanos a los recursos naturales bajo la lógica de sostenibilidad, garantizando así el uso a futuras generaciones. No se trata de expulsar a las industrias sino que se priorice a los habitantes en cuanto a derecho de uso y goce de los recursos, paralelamente ampliar el catálogo de descargas permitidas por la industria y una adecuada vigilancia de monitoreo y saneamiento.

Las propuestas para lidiar con este reto a nivel legislativo y también a nivel municipal, al buscar alternativas pragmáticas para la recolección de agua de lluvia mientras se regula el consumo y descarga industrial dando prioridad a los pobladores, aquellas exportan gran porcentaje de sus productos por lo que podemos decir que estamos exportando literalmente agua barata, se debe priorizar el agua de calidad para cultivo y consumo humano.

Ya que las concesiones y descargas son materia federal, desde la bancada de FUTURO estamos proponiendo presentar iniciativa a la Cámara de Diputados la eliminación de la COMARNAT presidida en su mayoría por cámaras industriales y que son precisamente ese comité el encargado de emitir las normas en cuanto a descargas industriales, con lo cual existe un fuerte conflicto de intereses. De igual forma, se busca la creación de una Fiscalía independiente Especializada en Delitos Ambientales, y la regulación del crecimiento inmobiliario armonizado garantizando dictamen sobre factibilidad de agua potable y saneamiento, medio ambiental, autorizaciones sobre extracción, uso y aprovechamiento del agua, así como los dictámenes de habitabilidad.

Eliminar por completo los proyectos de las represas, ya que con ellas tienen impactos negativos por la perdida de bosques y fauna, entre muchísimas consecuencias más; construirlas es un negocio para las concesiones que otorga el gobierno, la escases de agua es el producto de una política de privilegios que los políticos del pasado han promovido. En FUTURO queremos cambiar esa lógica poniendo a las personas al centro de las decisiones, llegar al congreso sin compromisos de agenda impuesta por intereses económicos es fundamental para realizar el trabajo legislativo en favor de las personas.

Lee nuestras propuesta a detalle aquí https://bit.ly/3syjey4 o escanea el código 


Sobre el autor: Arquímides Flores es candidato de Futuro a Diputado Local por el Distrito 20 que comprende los municipios de El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo, Acatic y parte de Tonalá.