SEMARNAT niega consulta pública por termoeléctrica
A pesar de su proximidad, SEMARNAT argumentó que “el proyecto se encuentra en otro municipio (Tlajomulco)” y, por tanto, la comunidad de El Salto “no es considerada como afectada”.
Colectivos alzan la voz tras la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de negarles su derecho a la consulta pública sobre el proyecto de una nueva planta termoeléctrica privada. Esta resolución, percibida como una afrenta a los derechos ambientales y sociales de la población, ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones como Un Salto de Vida.
De acuerdo con el boletín difundido por dicha agrupación, la termoeléctrica “El Salto I”, promovida por la empresa Ad Astra Energía del Grupo VAZ, pretende construirse en la carretera a La Capilla, apenas a 4 kilómetros del centro municipal de El Salto. A pesar de su proximidad, SEMARNAT argumentó que “el proyecto se encuentra en otro municipio (Tlajomulco)” y, por tanto, la comunidad de El Salto “no es considerada como afectada”.
No obstante, la organización señala que “la respuesta de la SEMARNAT no solo carece de sentido sino también de fundamento”, destacando que la contaminación y los impactos ambientales “no se limitan a demarcaciones municipales y otras líneas imaginarias”. Esta postura, afirman, contradice el discurso federal sobre restauración del Río Santiago y la participación comunitaria, promovida por la propia secretaria Alicia Bárcena.
El proyecto ha generado preocupación por los múltiples riesgos que representa. Se trata de una central de ciclo combinado que, según el boletín, es considerada de actividad “Altamente Riesgosa”. Implicaría la quema de gas fósil, con impactos severos en la calidad del aire, además de riesgos de explosión debido a su cercanía con zonas habitacionales densamente pobladas y con industrias que manejan sustancias peligrosas como Mexichem y Quimikao.
Otro punto crítico señalado es el uso intensivo de recursos hídricos. La planta requeriría un volumen importante de agua del acuífero Toluquilla —el más sobreexplotado de Jalisco— mientras “la población de la zona sufre recortes y falta de suministro de agua con regularidad”.
Ante este panorama, los habitantes de El Salto han reiterado su negativa a seguir siendo una “zona de sacrificio en la que se privilegian los intereses de las industrias, por encima de los derechos humanos de la población, como la salud, aire limpio y agua”.
La agrupación anunció que impugnará por la vía judicial la decisión de la SEMARNAT, respaldándose en normativas nacionales y en el Acuerdo de Escazú, que consagra el derecho de los pueblos a ser consultados sobre proyectos que puedan afectar sus territorios y formas de vida.
