7 policías de Juanacatlán pagan $179 mil pesos como reparación del daño a víctimas

Alma Carmela “N”; Hugo Ernesto “N”; Josué “N”; Luis Armando “N”; Rocío Guadalupe “N”; María Guadalupe “N” y Ricardo “N”, elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal de Juanacatlán, obtuvieron la suspensión condicional del proceso que se les sigue por el delito de abuso de autoridad.

En audiencia que concluyó esta tarde en los juzgados del Quinto Distrito con sede en Chapala, el Juez de Control y Oralidad, Arturo González Santana, concedió la suspensión condicional del proceso a los siete policías imputados, tras aprobar el plan de reparación del daño que los obliga a pagar en conjunto $130,700 pesos a las víctimas, además de aportar entre todos un donativo de $49,000 pesos al área de cancerología infantil del Hospital Civil de Guadalajara por concepto de reparación del daño a la sociedad.

Además, como condiciones que deberán cumplir durante los próximos doce meses, el Juez impuso a los uniformados la obligación de residir en un lugar determinado, acreditar un curso de derechos humanos y firmar periódicamente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares.

Los hechos por los que fueron vinculados a proceso ocurrieron en agosto de 2023, cuando un vehículo particular, en el que viajaban seis personas, se impactó contra una motocicleta de la policía municipal de Juanacatlán, en la que viajaba un elemento de seguridad.

Los siete policías municipales acudieron al lugar del accidente vial a auxiliar a su compañero y detuvieron a los seis ocupantes del vehículo involucrado en el percance, a quienes trasladaron a los separos de la Comisaría Municipal sin solicitar mando y conducción al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, como marca el protocolo nacional de actuación del primer respondiente.

Los uniformados presentaron a las seis personas ante el Juez Municipal quien les solicitó la cantidad de $120,000 pesos como reparación del daño de la motocicleta, así como los gastos médicos del elemento de seguridad.

Tras pagar la cantidad, las seis víctimas presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), organismo que en septiembre de 2023 dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación en la que, tras las indagatorias, consideró que se violaron los derechos humanos y fundamentales de las víctimas al no haber puesto a disposición ante el Ministerio Público estatal a las personas involucradas en el incidente vial para que se resolviera su situación jurídica en términos de la ley.

Los siete policías fueron presentados ante el Juez quien resolvió vincularlos a proceso el 18 de septiembre de 2024. En enero de 2025, el Juez resolvió no vincular a proceso a otro policía que había sido señalado ya que, al ser el elemento que conducía la motocicleta, sufrió lesiones y fue hospitalizado, por lo que no tuvo participación en los hechos.