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Emite la CEDHJ Recomendación por desaparición

Esta Recomendación documenta la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización de 31 personas desaparecidas, la victimización secundaria, intimidación y amenazas que han sufrido sus familiares, mismos que interpusieron queja ante esta defensoría.
Emite la CEDHJ  Recomendación por desaparición

La primera recomendación del año de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CDHEJ) fue emitida y, nuevamente, se refiere a la falta de coordinación, a la negligencia y a la falta de seguimiento a los protocolos legales por parte de las autoridades jaliscienses, en particular de la Fiscalía para Desaparecidos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en este caso debido a la desaparición de 31 personas.

La recomendación está dirigida a los titulares de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado, Fiscalía del Estado, Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Secretaría de Seguridad e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), así como a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Ameca, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Juanacatlán, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan. 

"Implementen de forma urgente y coordinada mecanismos y acciones efectivas para prevenir y erradicar la desaparición de personas. En caso de que estas ocurran, tengan debidamente claras y articuladas las estrategias de 7 7 búsqueda inmediata y la atención integral a las víctimas", se lee en el documento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

En total se investigaron 26 quejas presentadas ante esta Comisión relacionadas con la desaparición de 31 personas, las cuales fueron recibidas en el segundo semestre de 2019 y en el primer bimestre de 2020. De estas desapariciones se identificó que una ocurrió en 2010, dos en 2013, una más en 2017, cinco en 2018, 21 en 2019 y una más en 2020.

Se documentó la desaparición de tres mujeres, y 28 hombres; de las 31 personas desaparecidas, solamente cuatro han sido localizadas, lamentablemente sin vida. En nueve de las quejas se infiere desaparición cometida por particulares, en las que se evidenció una condición de un grupo de más de tres integrantes, lo que indica organización en la ejecución del delito y predomina el uso de armas y vehículos.

En seis casos más existió el señalamiento respecto a la posible intervención de servidores públicos de la policía estatal, municipal o de la Fiscalía del Estado (FE); en el resto de los asuntos no hubo señalamiento de particulares o de algún agente del Estado.

Para esta Comisión la desaparición de las 31 personas constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellos, a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas de desaparición de personas por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y el derecho al acceso a la justicia, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al recurso judicial efectivo por parte de agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la FE y el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que tienen la obligación de garantizarlos.

Los casos tienen como común denominador la inconformidad de las víctimas en contra de la institución del Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores, así como del personal del IJCF, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a sus familiares o seres queridos y conocer la verdad histórica de los hechos.

En todos los casos documentados se observan una serie de irregularidades que, hasta el momento, han impedido la localización de 27 personas, así como el conocer la identidad y el paradero de los responsables de las desapariciones y de la muerte de las cuatro personas localizadas; por lo que se ha obstaculizado el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.

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