Impugnan exclusión de consulta pública sobre termoeléctrica

La agrupación Un Salto de Vida, en conjunto con la organización Nuestro Futuro, anunció la interposición de un amparo indirecto ante un Juzgado federal en materia administrativa del tercer circuito.

Esto en respuesta a la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de permitir una consulta pública sobre el proyecto de la termoeléctrica “El Salto I”, impulsado por Ad Astra Energía S.A.P.I. de C.V.

La agrupación denuncia que SEMARNAT, por medio de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), justificó su decisión alegando que los solicitantes “no son miembros de la comunidad afectada” por vivir en el municipio de El Salto, mientras que el predio del proyecto se ubicaría en Tlajomulco de Zúñiga.

Sin embargo, los promoventes del amparo afirman que dicha argumentación es “totalmente infundada”.

“La misma empresa reconoce la ubicación del proyecto dentro del municipio de El Salto en diversas secciones de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo cual corroboró con el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de El Salto y con el Registro Público de la Propiedad”, afirma el comunicado.

Además de la localización geográfica, las agrupaciones subrayan que la MIA admite posibles afectaciones ambientales extensas, incluyendo emisiones contaminantes que alcanzarían hasta 10 kilómetros de distancia, afectando no sólo poblaciones de El Salto, sino también de Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. “La cabecera municipal de El Salto se encuentra a 4 kilómetros y a menos de 1 kilómetro, se encuentran diversas poblaciones tanto de Tlajomulco como de nuestro municipio”, destacaron.

En el documento legal, se invocan violaciones a derechos como la participación en asuntos ambientales y la consulta pública, amparados en la legislación nacional, el Acuerdo de Escazú, y estándares internacionales. La agrupación señala que "El Salto debe dejar de ser considerado por los gobiernos y por las industrias como una zona de sacrificio".

Finalmente, exigen la suspensión del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto hasta que se garantice su derecho a una consulta pública bajo los “más altos estándares del Acuerdo de Escazú”.

Aquí el comunicado completo: