La discapacidad en México desde la vulnerabilidad social

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hace un llamado a poner a las personas con discapacidad al centro de las medidas de respuesta y recuperación de la pandemia causada por Covid-19 y garantizar su participación informada, consciente y efectiva como agentes de planificación y ejecución.

Las personas con discapacidad son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad. Tienen menos posibilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en condiciones de igualdad en la vida comunitaria. Como ha señalado el Secretario General de la ONU, António Guterres,“la COVID-19 ha agravado aún más esta situación, al afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente” La propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha llamado a los Estados a adoptar medidas específicas para abordar el número desproporcionado de riesgos que enfrentan las personas con discapacidad por la actual pandemia.

Las personas con discapacidad corren mayor riesgo de contraer el COVID-19, de desarrollar graves patologías y de perder la vida. Estos riesgos son especialmente altos cuando viven en instituciones (públicas o privadas), en las que las probabilidades de contagio y las tasas de mortalidad son más elevadas.

De igual manera, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y las medidas para controlarla tienen serias repercusiones en el empleo, la protección y la seguridad social, la educación y los servicios de apoyo que reciben las personas con discapacidad, lo que agrava las situaciones de desigualdad que enfrentan. A todo ello se deben sumar las situaciones de violencia y discriminación múltiple de las que son víctimas.

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En México habitan 7.8 millones de personas con discapacidad, que se relacionan con otros factores de interseccionalidad: el 47.3% es adulta mayor (60 años y más) y 34.8% tiene entre 30 y 59 años de edad. Respecto del género, hay más mujeres con discapacidad (3.8 millones) que hombres (3.3 millones)[6]. No ha sido posible identificar la variante de discapacidad en los casos asociados a contagios y fallecimientos por COVID-19, debido a que este dato no aparece publicado en fuentes oficiales.

Conscientes de los retos que se enfrentan en el actual contexto, la ONU-DH llama a las autoridades a una renovada acción que coloque en el centro de la respuesta y recuperación de la pandemia a las personas con discapacidad, para lo que se sugieren los siguientes criterios:

1. Asegurar a las personas con discapacidad el acceso a sus tratamientos regulares, especialmente cuando fueron interrumpidos con motivo de la pandemia;
2. Asegurar que la atención y acceso a los servicios de salud (incluso por COVID-19) sea prioritaria para personas con discapacidad, en atención a su condición de personas en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo;
3. Tomar en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad que requieren de servicios de salud pública, así como las necesidades diferenciadas por razón de género y/o edad.
4. Adoptar medidas que garanticen que las personas con discapacidad que acudan a centros de salud de cualquier tipo puedan contar en todo momento con la asistencia de la persona que les apoya o auxilia en la manifestación de su voluntad o en sus actividades ordinarias, tomando las medidas sanitarias que se requieran;
5. Recopilar y publicar datos estadísticos que permitan identificar la condición de discapacidad en los casos de contagio y fallecimiento por COVID-19, así como el registro de las personas que adquieren alguna discapacidad derivada del contagio por COVID o que agravan su condición de discapacidad por el aislamiento impuesto;
6. Asegurar su participación activa en todas las fases de la respuesta pública a la pandemia causada por COVID-19, así como en la recuperación posterior, considerando los efectos en la salud y en otros aspectos contextuales de la vida de las personas.

Como ha señalado António Guterres, reconstruir para un mejor futuro “exige fortalecer la gobernabilidad democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.” La ONU-DH refrenda su disposición de seguir brindando su asesoría y cooperación al Estado mexicano en sus esfuerzos para superar este gran reto y hacer efectivo el acceso a la salud de las personas con discapacidad, con el fin que nadie se quede atrás.